Déclaration Publique à l’occasion du 40e anniversaire de la chute de la démocratie au Chili (texte en anglais et en espagnol)

News of the IAJ

September 18, 2013

Public Declaration on the 40th Anniversary of the Fall of the Democracy in Chile

Wednesday, September 4th, 2013

On the occasion of the 40th anniversary of the fall of our democracy, in 1973, with the subsequent establishment of a military dictatorship during which systemic, extended and brutal human rights violations were committed by the Government among our citizens, the Board of the “Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile” believes that it is necessary to reflect back on the judiciary’s role during that period and believes, as well, that all the main bodies of the Republic should engage in such reflection regarding their roles.

We think that our judiciary cannot be excluded from some historical responsibility for the violation of human rights during the dictatorial regime. It is necessary to recognise that this is so: the judicial system, and especially the Supreme Court of the mentioned period, failed miserably in its main task of protecting the fundamental rights of citizens and victims from government abuses. Our judiciary was responsible for irregular actions and omissions and, except for isolated and brave exceptions to be recalled, it denied protection to those who asked many times for its intervention. The declaration of inadmissibility or the rejection by our courts of thousands of appeals of “imparo”, many of which were made on behalf of compatriots whose destiny has never been ascertained, the systematic refusal to investigate criminal actions by public officials, and the denial of personal visits to the detention and torture centres, have all contributed to the painful balance which appears after this grey period, in the field of human rights.

The judiciary could and should have done much more, especially because it was the only institution of the Republic that was not involved.

Taking into account all of this, we, the national association of judges, without ambiguity or misunderstanding, think it is now the right moment to apologise to the victims and to Chilean society. The judiciary was not able, in that crucial period of history, to guide, interpret and motivate our institution and its members in the implementation of the judiciary’s more basic and fundamental duties; it is the performance of those duties that provides the protective function to society that justifies and explains, in itself, the very essence of the judicial role.

The forgiveness that we ask for today, far from representing criticism of any sector, person or group, represents the natural expression of our judiciary’s strong and clear commitment for both the present and the future to protect and promote fundamental human rights, especially where these rights are more exposed and vulnerable, and to guarantee that access to justice will never be denied to our citizens.

In the same framework, with calm and resoluteness, we invite the Supreme Court to start the necessary critical reflection in relation to its past actions and omissions, through which it denied judicial protection to those victims, protection that had been repeatedly requested.

We trust that the Supreme Court, whose role in protecting fundamental rights is clearly demonstrated in the exercise of its present functions, will not remain indifferent to the sincere request of judges who want to distance themselves from a dark past, that they involuntarily inherited.

The reply that we are looking for will comfort the present and future generations of judges from the shame related to this chapter of our history. This most ignoble page of history is well illustrated by the person who, as President of the Highest Court in 1975, denied the existence of the tortures and atrocities inflicted on our compatriots, but at the same time, complained that the courts were jammed up by the numerous appeals “de emparo” that, according to his words, caused disruption to the administration of justice.

Finally, we think that this is an essential step towards addressing and contributing to the reclamation of the traditional moral and republican dignity of our judicial power in the framework of our still young democracy.

Rodrigo Cerda. Presidente

María Francisca Zapata. Vicepresidenta

Cecilia Vega. Tesorera

Luis Aedo. Secretario de Actas

Alvaro Flores. Protesorero

Nancy Bluck. Directora

Declaración pública en el 40º aniversario del quiebre institucional

Miércoles, 04 de Septiembre de 2013

Con ocasión de cumplirse 40 años desde el quiebre de nuestra democracia el año 1973, con la consecuente instauración de una dictadura militar bajo la cual se perpetraron, indiscutiblemente desde el Estado, sistemáticas, extendidas y brutales violaciones a los derechos humanos de los habitantes de nuestro país, el Directorio de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile ha decidido no seguir al margen de la necesaria reflexión que a todas las instituciones esenciales de la República cabe en torno a estos hechos.

Estimamos que no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal.

Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período.

El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto.

Establecido lo anterior, como Asociación Nacional de Magistrados, sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha llegado la hora de PEDIR PERDÓN a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces, en ese trance crucial de la historia, de orientar, interpelar y motivar a nuestra institución gremial y a sus miembros, en orden a no desistir de la ejecución de sus deberes más elementales e inexcusables, a saber, el cumplimiento de la función cautelar que en sí misma justifica y explica la existencia de la jurisdicción.

Este perdón que hoy se pide, lejos de constituir una actitud de animadversión gratuita hacia algún sector, persona o grupo, constituye la genuina expresión de un compromiso férreo y claro en el presente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la tutela, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, incluso y muy especialmente en contextos en los cuales estos se vean más expuestos y vulnerables, como garantía de que nunca más a las personas que habitan el territorio de nuestro país les será vedado el acceso a la justicia. En el mismo orden de ideas, con serenidad y firmeza, invitamos a la Excma. Corte Suprema a realizar también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado, mediante las cuales no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente le fue reclamada.

Abrigamos la esperanza de que la actual Excma. Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en el ejercicio presente de su función, no desoiga la sentida solicitud de los jueces que aspiran a distanciarse de un oscuro pasado que involuntariamente han recibido como herencia. La respuesta que esperamos aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia, una de cuyas páginas más innobles habla de quien, ejerciendo en marzo de 1975 la Presidencia del más alto tribunal, no sólo negaba la existencia de las torturas y atrocidades que sufrían nuestros compatriotas, sino que al mismo tiempo expresaba que las Cortes estaban abrumadas por los numerosos recursos de amparo que, en sus palabras, habían traído perturbaciones a la administración de justicia.

Nos parece que se trata, por último, de un paso esencial destinado a contribuir al reposicionamiento de la tradicional dignidad moral y republicana de nuestro Poder Judicial, en el seno de nuestra aún joven democracia.